A través del vicepresidente, el Gobierno señaló que no aceptará la injerencia del organismo, pues el TCP ya emitió una sentencia

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, anunció ayer que, en vista de los últimos conflictos del sector médico con el nuevo Código del Sistema Penal, se planteó adelantar para el 12 de enero el paro cívico contra el fallo del Tribunal Constitucional (TCP) que habilitó al presidente Evo Morales para buscar la reelección sin límites, que, se había dicho, sería el 21 de febrero.

Así lo dio a conocer anoche el líder cívico cruceño, en un breve contacto con los medios de comunicación, donde anticipó que el anuncio oficial se haría hoy a las 10:00, en rueda de prensa junto con los sectores en conflicto.

La decisión se toma luego de que, tras conocer el fallo de la repostulación, el Comité decidiera a mediados de diciembre posponer la medida de protesta para el segundo aniversario de la victoria del No a la reelección en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

A su turno, la oposición política tramita que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA se pronuncie y, como entidad tutelar de la Convención Americana de Derechos Humanos, deje sin sustento la decisión del  TCP, que arguyó que habilitaba al mandatario por un derecho registrado en dicho acuerdo.

Pero el Gobierno no acepta que una instancia internacional intervenga. El vicepresidente Álvaro Garcia Linera dijo que el pueblo boliviano aprobó el tratado internacional que sustenta la repostulación,  que aprobó que en la Constitución diga que se aplica preferentemente sobre cualquier artículo, “y el principio esencial es que la soberanía se respeta”, dijo.

El 5 de octubre del año pasado, por encargo de un grupo de exmandatarios, autoridades y líderes políticos opositores, los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo presentaron en Washington una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, dos meses antes de que autorice la repostulación.

Los procesos ante la OEA toman años. “Es posible acortar el tiempo porque la Comisión Interamericana podría ser el paso previo a la consulta a la corte internacional de derechos humanos, que es una instancia diferente, pero que puede resolverla más rápido y por eso haremos las gestiones durante este año para que ese pronunciamiento salga a nuestro favor”.

Admitió que el fallo puede demorar, pero cree que sería un “triunfo” si se logra que la Corte responda que el TCP y el Gobierno trastocaron la Convención.

Fuente: El Deber

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